En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
Durante la mañana de este martes, la Comisión Mixta despachó a la sala del Senado el proyecto que permite votaciones de octubre en dos días, específicamente el 26 y 27 de dicho mes. Ante esto, el informe entregado será votado hoy en la tarde por la sesión del Senado. Asimismo, la Cámara de Diputados y Diputadas sesionará de forma extraordinaria este miércoles a las 9:30 am. Mejoras en el proyecto Respecto a las multas por no asistir a votar, fue aprobado por mayoría una multa de entre 0,5 a 2 UTM, es decir, entre los $33.000 y $132.000 mil pesos. En cuanto a la propaganda electoral, se acordó incluir las plataformas digitales y redes sociales, además se aprobó por mayoría incluir canales regionales o locales. Cabe destacar que, en este último punto se solicitó realizar una votación por separado paraevitar que por dicho punto se caiga todo el proyecto. Finalmente, el director del Servel, Andrés Tagle señaló quela norma de los dos días también viene como una norma transitoria, en el futuro si seguimos teniendo estas elecciones, el Servel va a tener que adecuar en una cantidad de mesas y de locales.
En una sesión celebrada este martes, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Esta iniciativa, que retorna ahora a las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública, marca un hito en la legislación que regula las operaciones y procedimientos de estos cuerpos en situaciones que requieren el ejercicio de la fuerza. Entre los temas cruciales que se discutirán en el análisis en particular se encuentran el rol de la justicia militar y el principio de proporcionalidad. Estos puntos han generado debates intensos entre los legisladores, quienes buscan alcanzar consensos que fortalezcan la normativa vigente y aseguren un marco legal claro y justo para el uso de la fuerza en diversas circunstancias. El plazo para presentar indicaciones al proyecto se fijó para el 18 de julio, fecha en la que se espera que los senadores presenten sus propuestas para enriquecer el texto en su segundo trámite legislativo. El objetivo central de esta iniciativa es regular el uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus deberes, así como por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, la protección de instalaciones militares y la seguridad interior del país. Todo ello debe realizarse en estricto apego a los principios constitucionales y las leyes vigentes, asegurando el debido respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas involucradas. Antes de la votación, el senador Pedro Araya realizó un análisis exhaustivo del contenido del proyecto, subrayando la necesidad imperiosa de establecer normas claras y precisas en materia de uso de la fuerza, así como destacando los puntos que generaron mayores discrepancias entre los parlamentarios. APROBADO✅| La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas. Vuelve a las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública… pic.twitter.com/FaXuTNPXyo — Senado Chile (@Senado_Chile) June 18, 2024
La Sala del Senado aprobó por una contundente mayoría de 39 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones la ley corta de Isapres, una iniciativa clave para la industria de la salud en Chile. Esta ley, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión, busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que ordena a las aseguradoras devolver los cobros en exceso y aplicar una nueva tabla única de factores. Durante el debate en el Senado, se destacó la importancia de esta ley para la supervivencia de la industria de Isapres en el país. Sin embargo, también hubo críticas y debate intenso sobre los detalles de la iniciativa y sus implicaciones. El resultado de la votación refleja una clara división de opiniones entre los parlamentarios. Votaron en contra los diputados Karim Bianchi (Ind), Alfonso de Urresti (PS) y Esteban Velasquez (FRVS), mientras que se abstuvieron Juan Luis Castro (PS) y Rojo Edwards (In d). El proyecto, de ser visado por la Cámara de Diputados, implicaría una deuda de alrededor de US$1.250 millones para las aseguradoras, que deberán realizar reembolsos a los afiliados. La ley establece un alza extraordinaria para este año y subidas en los planes a través del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) durante los próximos 3 años. La discusión en el Senado estuvo marcada por posturas encontradas. Mientras la ministra de Salud, Ximena Aguilera, defendió la iniciativa como una medida necesaria para evitar la insolvencia en el sistema de salud, desde la oposición se criticó la falta de una solución más estructural y se señaló que la deuda la terminarían pagando los afiliados. Ahora, queda por verse cómo votarán los diputados en la Cámara esta tarde. Aunque se espera que el proyecto sea aprobado, varios parlamentarios, especialmente del oficialismo, expresaron críticas sobre cómo quedó la iniciativa y sus efectos en los afiliados.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
Durante la mañana de este martes, la Comisión Mixta despachó a la sala del Senado el proyecto que permite votaciones de octubre en dos días, específicamente el 26 y 27 de dicho mes. Ante esto, el informe entregado será votado hoy en la tarde por la sesión del Senado. Asimismo, la Cámara de Diputados y Diputadas sesionará de forma extraordinaria este miércoles a las 9:30 am. Mejoras en el proyecto Respecto a las multas por no asistir a votar, fue aprobado por mayoría una multa de entre 0,5 a 2 UTM, es decir, entre los $33.000 y $132.000 mil pesos. En cuanto a la propaganda electoral, se acordó incluir las plataformas digitales y redes sociales, además se aprobó por mayoría incluir canales regionales o locales. Cabe destacar que, en este último punto se solicitó realizar una votación por separado paraevitar que por dicho punto se caiga todo el proyecto. Finalmente, el director del Servel, Andrés Tagle señaló quela norma de los dos días también viene como una norma transitoria, en el futuro si seguimos teniendo estas elecciones, el Servel va a tener que adecuar en una cantidad de mesas y de locales.
En una sesión celebrada este martes, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Esta iniciativa, que retorna ahora a las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública, marca un hito en la legislación que regula las operaciones y procedimientos de estos cuerpos en situaciones que requieren el ejercicio de la fuerza. Entre los temas cruciales que se discutirán en el análisis en particular se encuentran el rol de la justicia militar y el principio de proporcionalidad. Estos puntos han generado debates intensos entre los legisladores, quienes buscan alcanzar consensos que fortalezcan la normativa vigente y aseguren un marco legal claro y justo para el uso de la fuerza en diversas circunstancias. El plazo para presentar indicaciones al proyecto se fijó para el 18 de julio, fecha en la que se espera que los senadores presenten sus propuestas para enriquecer el texto en su segundo trámite legislativo. El objetivo central de esta iniciativa es regular el uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus deberes, así como por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, la protección de instalaciones militares y la seguridad interior del país. Todo ello debe realizarse en estricto apego a los principios constitucionales y las leyes vigentes, asegurando el debido respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas involucradas. Antes de la votación, el senador Pedro Araya realizó un análisis exhaustivo del contenido del proyecto, subrayando la necesidad imperiosa de establecer normas claras y precisas en materia de uso de la fuerza, así como destacando los puntos que generaron mayores discrepancias entre los parlamentarios. APROBADO✅| La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas. Vuelve a las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública… pic.twitter.com/FaXuTNPXyo — Senado Chile (@Senado_Chile) June 18, 2024
La Sala del Senado aprobó por una contundente mayoría de 39 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones la ley corta de Isapres, una iniciativa clave para la industria de la salud en Chile. Esta ley, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión, busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que ordena a las aseguradoras devolver los cobros en exceso y aplicar una nueva tabla única de factores. Durante el debate en el Senado, se destacó la importancia de esta ley para la supervivencia de la industria de Isapres en el país. Sin embargo, también hubo críticas y debate intenso sobre los detalles de la iniciativa y sus implicaciones. El resultado de la votación refleja una clara división de opiniones entre los parlamentarios. Votaron en contra los diputados Karim Bianchi (Ind), Alfonso de Urresti (PS) y Esteban Velasquez (FRVS), mientras que se abstuvieron Juan Luis Castro (PS) y Rojo Edwards (In d). El proyecto, de ser visado por la Cámara de Diputados, implicaría una deuda de alrededor de US$1.250 millones para las aseguradoras, que deberán realizar reembolsos a los afiliados. La ley establece un alza extraordinaria para este año y subidas en los planes a través del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) durante los próximos 3 años. La discusión en el Senado estuvo marcada por posturas encontradas. Mientras la ministra de Salud, Ximena Aguilera, defendió la iniciativa como una medida necesaria para evitar la insolvencia en el sistema de salud, desde la oposición se criticó la falta de una solución más estructural y se señaló que la deuda la terminarían pagando los afiliados. Ahora, queda por verse cómo votarán los diputados en la Cámara esta tarde. Aunque se espera que el proyecto sea aprobado, varios parlamentarios, especialmente del oficialismo, expresaron críticas sobre cómo quedó la iniciativa y sus efectos en los afiliados.
